JSA GRANADA DENUNCIA QUE EL PARTIDO POPULAR AZOTE DE NUEVO NUESTROS MONTES.

            El primer Consejo de Ministros del año del PP aprobó, hace unos días, la reforma de la Ley de Montes de 2006. Una reforma que, a juicio del Secretario General de las JSA Granada, Samuel Peña “es innecesaria a la vez que inadecuada, pues huye del interés general y perjudica gravemente a los sistemas forestales de nuestro Estado”.

            La vigente ley de 2006 de la Ministra Socialista Cristina Narbona impide construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al siniestro, salvo que hubiera ya trámites aprobados. Esto cambia tras la nueva aprobación. Como la mayoría de las modificaciones legislativas del Partido Popular, durante sus más de 3 años de gobierno, no ha contado con el consenso social y, en este caso es más grave, ya que no se cuenta con la opinión de expertos en gestión y conservación de territorios forestales.

            Según declaraba el Secretario de Medio Ambiente de JSA Granada, Jesús Cantal, “observamos aterrorizados como se debilita la protección del medio biótico y abiótico de nuestros montes, ya que el Partido Popular defiende el interés especulativo. Instamos al gobierno del PP de Granada que se posicione en contra de esta ley así como pedir su rápida retirada, defendiendo el interés social y ambiental de nuestros montes.

            Es incongruente que se solicite que la Alpujarra granadina y almeriense entren en el catálogo de Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, mientras desde el gobierno central se establecen mecanismos legislativos que favorecen el carácter especulativo tras los incendios forestares y se toman medidas que perjudican la gestión social y medioambiental de nuestro excelente patrimonio natural.

            Estos son algunos de los aspectos más graves de la modificación de la ley de Montes:

·         Se liberaliza la gestión de montes privados y públicos no catalogados, a los que en la práctica se exime de la necesidad perentoria de contar con planes. La obligatoriedad de que todos los montes contaran con un instrumento de gestión, se aprobó en la ley de 2006, hoy rescinde dicha obligatoriedad.

·         La ausencia de gestión forestal a día de hoy es la principal amenaza de los bosques en España.

·         Se introducen asuntos de regulación cinegética cuya presencia en una Ley de Montes carece completamente de sentido, ya que invade competencias de las Comunidades Autónomas.

·         La ley abre la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos incendiados. La ley anterior como hemos mencionado, obligaba a una demora de al menos 30 años. Esto debilita la protección de los bosques y contraviene la jurisprudencia, que ha defendido en muchos casos la conveniencia de mantener ese aval para el cambio de uso de suelos incendiados, que es una defensa muy útil contra los incendios provocados con intereses especulativos.