Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada ha
destacado la profunda modernización que va a suponer la ordenación del conjunto
de prestaciones sociales ofrecidas por la Junta de Andalucía, suponiendo un
paso más en el compromiso de la Presidenta Susana Díaz con los más necesitados.
Para su Secretario General en la provincia de
Granada, Samuel Peña, “el nuevo
sistema unificado va a permitir coordinar los recursos de los que dispone la
Junta y que son básicos para la mayor parte de la población, que está sufriendo
las consecuencias de la crisis económica".
Una de las
principales novedades vendrá de la ordenación del batiburrillo de servicios que
se ofrecen en la actualidad. La intención es crear y definir un verdadero
sistema público de servicios sociales de Andalucía (SPSSA). En él se recogerán
los recursos de la Consejería competente, los de las entidades locales y los
ofrecidos por entidades de titularidad privada, vinculados o concertados con la
Junta de Andalucía y sus entes. Una vez aglutinados, la Junta se arroga la
"superior dirección y coordinación" de este sistema, para garantizar
su integración y coordinación. Se trataría de establecer unos criterios mínimos
obligatorios para ofrecer este tipo de servicios, una reivindicación de
multitud de organizaciones durante las últimas décadas.
La Secretaria de Movimientos Sociales de JSA
Granada, Elisabet Huertas, declaraba que “con la ley vigente son los ayuntamientos los que ostentan la
competencia de los servicios sociales comunitarios, atendiendo estos centros a
mayores, enfermos mentales, personas con alzhéimer, discapacitados,
drogodependientes, personas sin recursos económicos, minorías étnicas,
temporeros, centros de mujer e incluso adopciones, teniendo un millón de
usuarios al año en la comunidad autónoma”.
Así seguirá
siendo, pese a que la reforma local aprobada a final de año por el Gobierno
central establece que a partir del 1 de enero de 2016 estos servicios
comunitarios deben depender de las autonomías. La Junta ha recurrido la ley al
Tribunal Constitucional y, mientras resuelve, ha aprobado un decreto ley por el
que mantiene la competencia en los ayuntamientos. Son los servicios
profesionales los que quedaron en tierra de nadie, pero la Junta aprovechará
esta ley de servicios sociales para introducirlos en este sistema unificado.
Añade Elisabet Huertas que “una novedad importante es que la Junta
distinguirá entre las prestaciones "garantizadas" y las
"condicionadas" que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos
económicos”. Entre las primeras, que responden a un derecho subjetivo, son
exigibles y su provisión es obligatoria, se encuentran los servicios de
información, valoración, orientación y asesoramientos; los Planes Individuales
de Atención (PIA) y su seguimiento; la teleasistencia, la atención en urgencia
social, la protección de menores en situación de desamparo, incluida la
protección jurídica, también para personas con capacidad limitada, y las
prestaciones ligadas a la dependencia.
"En definitiva, se trata de un paso más en la
modernización de nuestra tierra y un símbolo del compromiso mostrado por la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con quienes lo están pasando
peor", concluye Samuel Peña.
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