La decisión del Gobierno del pasado 27 de enero, realizada de forma sorpresiva, sin consulta previa a las comunidades autónomas, frena en seco la implantación de nuevas instalaciones de generación de energías renovables en todo el territorio español. En Granada están en juego mucho esfuerzo, mucha inversión y, sobre todo, muchos puestos de trabajo.
La decisión de dejar de apoyar las energías renovables y apoyar las energías generadas por combustibles fósiles, significa un respaldo a determinados sectores económicos y a determinadas comunidades frente a otras. Sin lugar a dudas, la comunidad autónoma más perjudicada es Andalucía a la que el PP se dirige una vez más para actuar en contra de sus intereses, y Granada es una de las provincias más perjudicadas.
Frente a la decisión del Gobierno de Rajoy, el PSOE en Andalucía y el Gobierno de la Junta han apostado firmemente por la implantación de las energías renovables. Fruto de ello es que un tercio de la energía que consumimos en los hogares andaluces se produce con tecnología renovable. Granada es una provincia privilegiada con instalaciones importantes que se materializan en los 17 parques de energía eólica que ya existen en la provincia en las comarcas del Marquesado, de Baza, de Loja, de la Costa o del Temple.
En este momento Granada produce 679 MW anuales que sirven para abastecer a 265.000 hogares. Los quince proyectos que quedan paralizados darían electricidad a 120.500 viviendas en Granada y equivaldrían a dejar de emitir a la atmósfera 220 toneladas de dióxido de carbono.
Desde JSA Granada instamos al Gobierno del PP a que reconsidere su posición, derogue el Real Decreto Ley 1/2012 y abra un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, asociaciones del sector, organizaciones sindicales y con todo el arco parlamentario.
Acciones como esta, unidas a la desaparición de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la propuesta de prolongar la vida de la central nuclear de Garoña más allá de 2013 (año acordado para su cierre por el anterior gobierno socialista) o el desligarse España frente a la Unión Europea del compromiso de alcanzar en 2020 el 30% de emisiones de CO2, no harán más que provocar un gran retroceso de tipo económico, social y medioambiental.
José Morales Morales
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
La decisión de dejar de apoyar las energías renovables y apoyar las energías generadas por combustibles fósiles, significa un respaldo a determinados sectores económicos y a determinadas comunidades frente a otras. Sin lugar a dudas, la comunidad autónoma más perjudicada es Andalucía a la que el PP se dirige una vez más para actuar en contra de sus intereses, y Granada es una de las provincias más perjudicadas.
Frente a la decisión del Gobierno de Rajoy, el PSOE en Andalucía y el Gobierno de la Junta han apostado firmemente por la implantación de las energías renovables. Fruto de ello es que un tercio de la energía que consumimos en los hogares andaluces se produce con tecnología renovable. Granada es una provincia privilegiada con instalaciones importantes que se materializan en los 17 parques de energía eólica que ya existen en la provincia en las comarcas del Marquesado, de Baza, de Loja, de la Costa o del Temple.
En este momento Granada produce 679 MW anuales que sirven para abastecer a 265.000 hogares. Los quince proyectos que quedan paralizados darían electricidad a 120.500 viviendas en Granada y equivaldrían a dejar de emitir a la atmósfera 220 toneladas de dióxido de carbono.
Desde JSA Granada instamos al Gobierno del PP a que reconsidere su posición, derogue el Real Decreto Ley 1/2012 y abra un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, asociaciones del sector, organizaciones sindicales y con todo el arco parlamentario.
Acciones como esta, unidas a la desaparición de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la propuesta de prolongar la vida de la central nuclear de Garoña más allá de 2013 (año acordado para su cierre por el anterior gobierno socialista) o el desligarse España frente a la Unión Europea del compromiso de alcanzar en 2020 el 30% de emisiones de CO2, no harán más que provocar un gran retroceso de tipo económico, social y medioambiental.
José Morales Morales
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
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