Dependencia #Por_un_camino_igualitario

Una de cada tres personas atendidas por la aplicación de la Ley de la Dependencia es de Andalucía. Y el 43% de las que reciben ayuda a domicilio, servicio que además está creando entre 40 y 60 empleos en cada municipio de entre 10.000 y 15.000 habitantes. Se han creado 50.000 nuevos empleos en el conjunto del sector de atención a la dependencia, convirtiéndose en uno de los más importantes nuevos yacimientos de empleo. Además, es un sector en el que destaca el papel de las mujeres emprendedoras.

 

Las cifras son claras:

-          Andalucía: 190.000 personas atendidas, 260.000 prestaciones concedidas.

-          Madrid: 77.000 beneficiarios.

-          Comunidad Valenciana: 43.000 beneficiarios.

Y además Andalucía es la única comunidad que financia completamente el servicio de ayuda a domicilio de las corporaciones locales.

Pero el PP se ha pasado las dos legislaturas anteriores entorpeciendo el desarrollo de este nuevo pilar del Estado del bienestar allá donde gobernaba. La diferencia es que ahora además está usando la crisis como excusa para sabotearlo. Por un lado, porque uno de los primeros “ajustes” del gobierno de Rajoy fue la paralización de la aplicación de la ley para el grado I, nivel II (es decir, la dependencia moderada). Así, ha dejado fuera a 30.000 beneficiarios, con un ahorro mínimo, apenas un 0’6% del total de ayudas. De ahí que sea más una señal de por donde van a ir los recortes en el futuro. Y por otro lado, porque en muchos municipios andaluces donde gobierna, se están produciendo retrasos injustificados en el pago a las empresas encargadas de este servicio, cuando la Junta paga puntualmente e incluso por adelantado.

Por ello, una de las medidas más destacadas del programa electoral es precisamente tomar las medidas normativas necesarias para garantizar, mediante un fondo de ayuda a la dependencia, que los recursos destinados al pago del Servicio de Ayuda a Domicilio se abonen a las empresas que prestan ese servicio en los plazos establecidos, para proteger los derechos salariales de sus trabajadores/as.