JSA Granada apoya las iniciativas a favor de la dación en pago y frente a los desahucios

Ante la profundización de la crisis y las malas perspectivas de futuro de la situación económica, Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada celebra el impulso que están teniendo las iniciativas para acabar con el drama que suponen los desahucios.

Los desahucios no son un drama que haya aparecido ahora, pero sí es cierto que en los últimos años han adquirido una dimensión que los convierte en un auténtico problema social. Así, según diversas estimaciones, desde que comenzó la crisis se habrían producido entre 350 y 400 mil desahucios por impagos hipotecarios (sin contar otros por impago de alquileres u otras cuestiones). Por ello, es hora de reconocer dos cosas. Una, que se ha tardado en actuar, entre otras cosas porque se ha infravalorado la dimensión de esta catástrofe social. Tal vez confiando equivocadamente en que la crisis mejoraría o en que la banca rebajaría la presión sobre las familias endeudadas. Los hechos han demostrado contundentemente que se trataba de un gran error. Pero la otra es que este drama no va a parar, de modo que es el momento de que las distintas fuerzas políticas adopten los cambios legislativos necesarios para atajar el problema de raíz.

Por todo ello, desde JSA Granada apoyamos sendas iniciativas que se han puesto en marcha al respecto. Por un lado, se está llevando a cabo una recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular para cambiar la Ley Hipotecaria, favoreciendo la dación en pago y el alquiler social. En las recientes Jornadas de Recepción Universitaria pudimos ayudar a los compañeros de Surgente a recoger dichas firmas, ya que la UGT es una de las organizaciones promotoras de esa ILP. El plazo de recogida de firmas termina el 25 de enero, por lo que aún hay tiempo para quienes deseen dar su apoyo.

Y por otro lado, el pasado 25 de octubre el PSOE registró en el Parlamento una “Proposición de Ley de Medidas contra el Desahucio, el Sobreendeudamiento y la Insolvencia”, cuyo objetivo es directamente parar los 250.000 desahucios que se estima que se van a producir en los próximos meses si nadie lo impide. Como hemos dicho, reconociendo lo imperdonable de la tardanza, no sirve de nada lamentarse por lo no hecho, por lo que hay que actuar para que no le suceda a más familias. Para ello, esta Proposición de Ley establece facilidades para que los deudores puedan hacer frente a sus pagos. En caso de aún así no poder pagar, se amplían las posibilidades para la dación en pago, de modo que puedan acogerse las familias que tengan ingresos por debajo de dos veces y media el IPREM (unos 18.600 euros), cuando ahora sólo pueden las que no tengan ningún ingreso. Y además dicha dación no supondrá el desahucio, sino que se establece un arrendamiento social (máximo el 2% anual de la deuda pendiente y no más de un tercio de los ingresos totales familiares) y se prohíbe desahuciar a las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas. Asimismo, se obligará a todas las entidades intervenidas por el FROB a negociar el pago de las deudas de sus clientes y a aceptar la dación en pago. También se toman medidas para combatir otro tipo de prácticas que perjudican a los clientes que se hipotecan, por ejemplo obligando a que el precio de la tasación en subasta no sea inferior al de la tasación con la que se concedió el préstamo, o prohibiendo que el plazo de devolución de la hipoteca sea superior a 30 años.

En principio parece que hay una conciencia en el conjunto de fuerzas políticas y sociales de que es imprescindible parar esta sangría inmediatamente, de modo que somos razonablemente optimistas con respecto al éxito de estas iniciativas. Sinceramente, es una cuestión de justicia social que nunca debió llegar a estos extremos. Hagámoslo posible entre todos y todas por los cientos de miles de hogares que aún están a tiempo de salvarse.