JSA GRANADA DESTACA EL COMPROMISO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON LOS SERVICIOS SOCIALES.

Juventudes Socialistas de Andalucía en Granada ha destacado la profunda modernización que va a suponer la ordenación del conjunto de prestaciones sociales ofrecidas por la Junta de Andalucía, suponiendo un paso más en el compromiso de la Presidenta Susana Díaz con los más necesitados.

Para su Secretario General en la provincia de Granada, Samuel Peña, “el nuevo sistema unificado va a permitir coordinar los recursos de los que dispone la Junta y que son básicos para la mayor parte de la población, que está sufriendo las consecuencias de la crisis económica".

Una de las principales novedades vendrá de la ordenación del batiburrillo de servicios que se ofrecen en la actualidad. La intención es crear y definir un verdadero sistema público de servicios sociales de Andalucía (SPSSA). En él se recogerán los recursos de la Consejería competente, los de las entidades locales y los ofrecidos por entidades de titularidad privada, vinculados o concertados con la Junta de Andalucía y sus entes. Una vez aglutinados, la Junta se arroga la "superior dirección y coordinación" de este sistema, para garantizar su integración y coordinación. Se trataría de establecer unos criterios mínimos obligatorios para ofrecer este tipo de servicios, una reivindicación de multitud de organizaciones durante las últimas décadas. 

La Secretaria de Movimientos Sociales de JSA Granada, Elisabet Huertas, declaraba que “con la ley vigente son los ayuntamientos los que ostentan la competencia de los servicios sociales comunitarios, atendiendo estos centros a mayores, enfermos mentales, personas con alzhéimer, discapacitados, drogodependientes, personas sin recursos económicos, minorías étnicas, temporeros, centros de mujer e incluso adopciones, teniendo un millón de usuarios al año en la comunidad autónoma”. 

Así seguirá siendo, pese a que la reforma local aprobada a final de año por el Gobierno central establece que a partir del 1 de enero de 2016 estos servicios comunitarios deben depender de las autonomías. La Junta ha recurrido la ley al Tribunal Constitucional y, mientras resuelve, ha aprobado un decreto ley por el que mantiene la competencia en los ayuntamientos. Son los servicios profesionales los que quedaron en tierra de nadie, pero la Junta aprovechará esta ley de servicios sociales para introducirlos en este sistema unificado.

Añade Elisabet Huertas que “una novedad importante es que la Junta distinguirá entre las prestaciones "garantizadas" y las "condicionadas" que estarán sujetas a la disponibilidad de recursos económicos”. Entre las primeras, que responden a un derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria, se encuentran los servicios de información, valoración, orientación y asesoramientos; los Planes Individuales de Atención (PIA) y su seguimiento; la teleasistencia, la atención en urgencia social, la protección de menores en situación de desamparo, incluida la protección jurídica, también para personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a la dependencia.

"En definitiva, se trata de un paso más en la modernización de nuestra tierra y un símbolo del compromiso mostrado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con quienes lo están pasando peor", concluye Samuel Peña.