JSA Granada denuncia que el plan de empleo juvenil de Rajoy excluirá a la mitad de la juventud desempleada.

El Secretario General de las Jsa Granada, Samuel Peña, ha denunciado que el Gobierno de España secuestra el 85% de los fondos europeos destinando tan sólo el 15% a las autonomías además de excluir a la mitad de la juventud desempleada.

  

Las Juventudes Socialistas de Granada denuncian la discriminación que sufren los más de 768.000 jóvenes en situación de desempleo que se quedan fuera del programa de Garantía Juvenil del Gobierno de Rajoy. Según declaraciones de su Secretario General Samuel Peña, “es inaceptable que este programa excluya a la mitad de los jóvenes desempleados de este país, concretamente algo más del 46% de ellos están en la franja entre los 26 y 30 años de edad”.

Según explicaba Peña, “la ministra Bañez predica que su prioridad es combatir el desempleo juvenil y, de esta manera, flaco favor hace a la juventud española dejando a los jóvenes de entre 26 y 30 años desamparados, sin ningún tipo de política activa de empleo y destinando estos fondos a poco más que subvencionar a las empresas que realicen contratos, sin ningún tipo de incentivos novedosos que combatan realmente el desempleo juvenil”.

Las Jsa Granada han dejado claro que este programa se pone en marcha con dinero llegado de fondos europeos, procedentes de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, cuyo destino es garantizar a la juventud un empleo o una formación suficiente para poder tener una oportunidad laboral.

Según declaraba el Secretario de Empleo de la organización, Jesús Cantal, “Rajoy ha secuestrado el 85% de los fondos destinados al impulso del empleo juvenil, realizando un reparto absolutamente arbitrario, dejando tan sólo 300 millones para repartir entre todas las Comunidades Autónomas. Es decir, sólo el 15% se repartirá entre 17 autonomías”.

Las Jsa Granada exigen que deben ser las Comunidades Autónomas las que gestionen el programa de garantía juvenil dado que son las competentes en materia de políticas activas de empleo, por lo que deben ser éstas las que reciban directamente la financiación comunitaria, denunciando que el Gobierno de Rajoy quiera quedarse con competencias propias de las autonomías.